La nacionalidad española por residencia se concede a quien ha residido en España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud durante el tiempo que marca el Código Civil: diez años como regla general, cinco para personas refugiadas, dos para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y un año en casos como el matrimonio con una persona española. Además, hay que acreditar buena conducta cívica y un grado suficiente de integración.
En resumen
- Plazo general: diez años de residencia legal y continuada; hay plazos reducidos de cinco, dos y un año.
- Integración: aprobar el DELE A2 y la prueba CCSE del Instituto Cervantes, salvo exenciones.
- Solicitud: preferentemente electrónica, en la sede del Ministerio de Justicia, con la tasa (modelo 790, código 026).
- Plazo para resolver: un año. Sin respuesta en ese plazo, la solicitud se entiende desestimada.
- Tras la concesión: jura o promesa e inscripción en el Registro Civil en 180 días.
Cuántos años de residencia necesita
El artículo 22 del Código Civil fija los plazos:
- Diez años, como regla general.
- Cinco años, para quienes hayan obtenido la condición de refugiado.
- Dos años, para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y para sefardíes.
- Un año, entre otros: para quien haya nacido en territorio español; para quien lleve un año casado con español o española sin estar separado legalmente o de hecho; para el viudo o viuda de español o española si no había separación; y para quien haya nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles.
En todos los casos, la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición (artículo 22.3). Es decir, cuenta el tiempo con autorización o tarjeta de residencia, no la simple estancia.
Buena conducta cívica e integración
El interesado debe justificar «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española» (artículo 22.4 del Código Civil). Para la integración, el artículo 6 del Reglamento (Real Decreto 1004/2015) exige superar dos pruebas que diseña y administra el Instituto Cervantes:
- El diploma de español como lengua extranjera (DELE), como mínimo de nivel A2.
- La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).
Están exentos del DELE quienes ya tengan un DELE A2 o superior y los nacionales de los países con el español como lengua oficial que enumera el Reglamento (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). Los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente están exentos de ambas pruebas (disposición final séptima de la Ley 19/2015) y acreditan la integración con certificados de su centro educativo o de formación.
Documentos que se presentan
Según el artículo 5 del Reglamento, la solicitud incluye, entre otros:
- El modelo de solicitud y, si actúa un representante, el poder o mandato.
- El certificado de nacimiento del país de origen, legalizado y traducido si procede.
- El pasaporte.
- La acreditación de las pruebas del Instituto Cervantes (o la autorización para que el Ministerio las consulte).
- El certificado de antecedentes penales del país de origen, legalizado y traducido, para los mayores de edad.
- El justificante de la tasa y, en su caso, la documentación de la circunstancia que reduce el plazo (matrimonio, nacimiento en España, etc.).
La solicitud puede presentarse de forma electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. La tasa se paga con el modelo 790, código 026; su importe actual es de 104,05 euros según el Ministerio (consultado el 8 de noviembre de 2026), y puede revisarse con los Presupuestos Generales del Estado.
Cuánto tarda y qué pasa si no responden
El procedimiento debe resolverse y notificarse en un plazo máximo de un año desde que la solicitud entra en el órgano competente. Si pasa ese plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada (artículo 11.3 del Reglamento). La concesión o denegación deja abierta la vía contencioso-administrativa (artículo 22.5 del Código Civil).
Si la solicitud está incompleta, el Ministerio requiere la documentación que falte. Si no se subsana en tres meses desde la notificación del requerimiento, se le tiene por desistido (artículo 10).
Después de la concesión: jura e inscripción
La concesión caduca si en los 180 días siguientes a su notificación no se comparece para cumplir los requisitos del artículo 23 del Código Civil (artículo 21.4):
- Jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes (mayores de catorce años).
- Renunciar a la nacionalidad anterior. Quedan exentos los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y los sefardíes originarios de España.
- Inscribir la adquisición en el Registro Civil español.
Estas declaraciones pueden hacerse ante el encargado del Registro Civil, ante notario o ante el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil (artículo 68.3 de la Ley 20/2011, del Registro Civil).
Cómo le ayudamos
Comprobamos que su residencia computa para el plazo que le corresponde, preparamos y revisamos el expediente, lo presentamos de forma electrónica y le acompañamos en los requerimientos y, si hiciera falta, en el recurso. Le atendemos en el despacho de Barcelona o por videollamada, viva donde viva. Puede pedir su primera consulta o conocer nuestro servicio de nacionalidad española.
Normativa
- Código Civil (artículos 21, 22 y 23).
- Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, Reglamento del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia (artículos 5, 6, 10, 11 y 12).
- Ley 19/2015, de 13 de julio (disposición final séptima).
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (artículo 68).
Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre su caso concreto.