Si un servicio público le causa un daño, por ejemplo una caída por una acera en mal estado, un golpe con un vehículo municipal o una actuación sanitaria pública, puede reclamar una indemnización a la Administración responsable. Es la responsabilidad patrimonial: la Administración responde de los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o que exista el deber jurídico de soportarlos. El plazo para reclamar es, como regla general, de un año.
En resumen
- Requisitos: un daño efectivo, evaluable en dinero e individualizado, causado por un servicio público, que no tenga el deber de soportar.
- Plazo: un año desde el hecho o desde que se manifiesta el daño; en daños personales, desde la curación o la fijación de las secuelas.
- La reclamación debe describir el daño, la relación con el servicio público y, si es posible, su valoración económica.
- Si en seis meses no hay respuesta, puede entenderse desestimada y acudir a los tribunales.
Cuándo responde la Administración
Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor o de daños que tengan el deber jurídico de soportar. El daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas.
Que un acto administrativo se anule no da derecho, por sí solo, a una indemnización (artículo 32.1). Y no se indemnizan los daños que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica en el momento en que se produjeron (artículo 34.1).
El plazo de un año
El derecho a reclamar prescribe al año de producirse el hecho o el acto que motiva la indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo. En los daños físicos o psíquicos, el año empieza a contar desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas (artículo 67.1 de la Ley 39/2015). Si la indemnización deriva de la anulación de un acto o disposición, el año se cuenta desde la notificación de la resolución o sentencia definitiva.
Qué debe incluir la reclamación
Además de los datos generales de cualquier solicitud, la reclamación debe especificar (artículo 67.2):
- Las lesiones o daños producidos.
- La relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público.
- La evaluación económica de la responsabilidad, si es posible.
- El momento en que el daño se produjo.
- Las alegaciones, documentos y pruebas que quiera aportar (fotografías, informes médicos, testigos, facturas, atestados).
Cómo se tramita y cuánto tarda
La Administración debe pedir un informe al servicio cuyo funcionamiento causó el daño. Si la indemnización reclamada es de 50.000 euros o más, o de la cuantía que fije la legislación autonómica, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la comunidad autónoma (artículo 81).
La resolución debe pronunciarse sobre la relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño y la cuantía de la indemnización. Si pasan seis meses desde el inicio del procedimiento sin resolución expresa, puede entenderse que es contraria a la indemnización (artículo 91), y queda abierta la vía contencioso-administrativa.
Cómo se calcula la indemnización
La indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando los valores de mercado. En caso de muerte o lesiones, puede tomarse como referencia el baremo de los seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La cuantía se refiere al día en que se produjo el daño y se actualiza hasta la resolución, con los intereses de demora que procedan (artículo 34).
Cómo le ayudamos
Analizamos si el daño es indemnizable y qué Administración responde, reunimos las pruebas, valoramos el daño y presentamos la reclamación dentro de plazo. Si se desestima, valoramos el recurso. Le atendemos en el despacho de Barcelona o por videollamada. Puede pedir su primera consulta o conocer nuestros servicios de responsabilidad patrimonial y reclamaciones ante el Ayuntamiento.
Normativa
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 32 y 34).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículos 67, 81 y 91).
Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre su caso concreto.